Comunicado del NURR sobre Ruptura del Orden Constitucional

A los ciudadanos de este país…

Las Autoridades Vicerrectorales en uso de sus atribuciones, acompañados de los miembros del Consejo del Núcleo Universitario “Rafael Rangel” como máxima instancia de dirección universitaria de la Universidad de Los Andes en el estado Trujillo y, en atención, a lo señalado en el artículo 108 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en el artículo 2, de la Ley de Universidades vigente que reza: “Las Universidades son Instituciones al servicio de la Nación y a ellas corresponde colaborar en la orientación de la vida del país mediante su contribución doctrinaria en el esclarecimiento de los problemas nacionales”; nos dirigimos a la comunidad universitaria y al pueblo de Venezuela, en esta hora tan aciaga y difícil que atraviesa el país y que amenaza con destruir las bases fundacionales de la República, ante la sentencia N° 156,emitida el miércoles 29 de marzo de 2017 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que pretende usurpar las funciones y atribuciones constitucionales y legales de la Asamblea Nacional, órgano del Poder Legislativo Nacional, electo libérrimamente por el pueblo venezolano el pasado 06 de diciembre de 2015.

Es menester señalar que las instituciones universitarias venezolanas y, en general, los ciudadanos tenemos la obligación moral y legal de defender la Constitución Nacional y denunciar de manera firme cualquier intento de quebrantar su vigencia, de hecho, el Artículo 333 de la Carta Magna, establece que “Esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendrá el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia”.

Por lo tanto, debemos denunciar de manera categórica la intención, contenida en la sentencia señalada, por parte de ese órgano del poder judicial de suplantar a la Asamblea Nacional, expresión directa de la soberanía popular, subrogándose indebidamente sus funciones, para ejercerlas directamente o para delegarlas en otros órganos que ella disponga, incluyendo aquellas atribuciones constitucionales exclusivas para aprobar las leyes nacionales y ejercer controles constitucionalmente establecidos para la celebración de contratos que comprometan a la nación, de acuerdo a lo pautado en los numerales 1 y 8 del artículo 187, que señalan que corresponde a la Asamblea Nacional: “1. Legislar en las materias de la competencia nacional y sobre el funcionamiento de las distintas ramas del Poder Nacional y 9. Autorizar al Ejecutivo Nacional para celebrar contratos de interés nacional, en los casos establecidos en la ley. Autorizar los contratos de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeros o con sociedades no domiciliadas en Venezuela”.

De hecho en la misma sentencia N° 156 se transfiere al Poder Ejecutivo Nacional la potestad de celebrar contratos para crear empresas mixtas extranjeras sin la debida autorización del poder legislativo, contraviniendo no sólo el artículo 187, numeral 9 citado, sino también de manera evidente el artículo 150 que señala: “La celebración de los contratos de interés público nacional requerirá la aprobación de la Asamblea Nacional en los casos que determine la ley. No podrá celebrarse contrato alguno de interés público municipal, estadal o nacional con Estados o entidades oficiales extranjeras o con sociedades no domiciliadas en Venezuela, ni traspasarse a ellos sin la aprobación de la Asamblea Nacional”.

Igualmente, resulta condenable la sentencia previa N° 155 del TSJ, del martes 28 de marzo de 2017,que contiene el exhorto de la Sala Constitucional al Presidente de la República para imponer medidas extraordinarias para mantener el orden, incluyendo “medidas civiles, económicas, militares, penales, administrativas, políticas, jurídicas y sociales que estime pertinentes y necesarias para evitar un estado de conmoción; y en el marco del Estado de Excepción y ante el desacato y omisión legislativa continuada por parte de la Asamblea Nacional, revisar excepcionalmente la legislación sustantiva y adjetiva”,es decir, faculta al Presidente de la República para aprobar y modificar leyes en el ámbito penal, mientras, al mismo tiempo, suspende abusivamente la inmunidad parlamentaria de todos los Diputados de la Asamblea Nacional garantizada en el artículo 200 de la propia Constitución Nacional.

Estos actos inauditos que implican negar la voluntad expresada por cerca de 14 millones de venezolanos que eligieron mediante voto directo, universal y secreto a 165 diputados, depositarios de la soberanía popular, está dramáticamente condenado por la propia Constitución en su artículo 138 que taxativamente señala que: “Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos”.

Esta situación ocurre justamente cuando los ojos de todo el hemisferio y del mundo se encuentran atentos a lo que ocurre en Venezuela. Los países integrantes de la OEA, ante el último informe presentado por el Secretario General de la Organización, Luis Almagro, que aun cuando no implicó la ejecución inmediata de la Carta Democrática Interamericana, mostraron por amplia mayoría su preocupación por la terrible crisis humanitaria que padece Venezuela, el desconocimiento constante y permanente de la Asamblea Nacional y las trabas que se han presentado por el resto de los poderes públicos a la realización pronta de unas elecciones que permitan de manera democrática, transparente y soberana que se exprese nuevamente la voluntad del pueblo venezolano.

En consecuencia: (1) alertamos a todos los venezolanos sobre las graves consecuencias que se derivan de la imposición de estas sentencias del TSJ que atentan contra la convivencia democrática, quebrantan las bases fundamentales de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y ponen en serio riesgo la paz de la nación,(2) invitamos al Consejo Universitario de nuestra ilustre Universidad de Los Andes para que realice un pronunciamiento urgente haciendo un llamado a todos los ciudadanos de este país a estar muy atentos a los acontecimientos y a exigir pacíficamente pero con firmeza la restitución inmediata del hilo constitucional, (3) exhortamos a los gremios universitarios y a los movimientos estudiantiles para que, cada uno en sus espacios naturales de trabajo y estudio, emprendan una campaña de información acerca de lo que significa para los ciudadanos y el país las sentencias ya mencionadas, seguros que el conocimiento y reconocimiento de la realidad es lo que nos conducirá a escenarios de lucha para la restitución de la Constitución.

En Trujillo a los 31 días del mes de marzo del año 2017.

Prof. Hebert Elías Lobo Sosa

Vicerrector Decano ULA-NURR

Prof. Silvana Cardozo

Coordinadora Académica

Prof. Rolando Adriani

Coordinador Administrativo

Prof. Efrén Pérez Nácar

Coordinadora de Secretaría

Prof. AlejandroMárquez

Coordinador de Extensión y Cultura

Prof. Elsy Urdaneta

Coordinadora de Investigación y Postgrado

Prof. Álvaro Briceño

Coordinadora de OSEPLAN

Prof. JhonyHumbría

Presidente de APULA NURR

Prof. Josefa Montilla