*** Desde 2004 el gobierno incumple las Normas
sobre Homologación de Sueldos y Beneficios Adicionales de los Miembros del
Personal Docente y de Investigación de las Universidades Nacionales, aprobadas
por el CNU
Universitarios reclaman salarios dignos (Foto: Cortesía)
(Prensa ODHULA / Mérida) La disminución de los sueldos universitarios en los últimos 22 años en Venezuela alcanza niveles históricos.
A finales del año 2001 un profesor titular a dedicación exclusiva
tenía un sueldo base de 1.861.741 bolívares, equivalentes entonces a unos 2.440
dólares.
Para el miércoles 18 de enero de 2023, el sueldo de un profesor
con la máxima categoría y dedicación fue de 522,16 bolívares, que representan
la vergonzosa cifra de 26,14 dólares, calculados a la tasa oficial del Banco
Central de Venezuela (BCV).
Además de convertir en miseria el sueldo de quienes educan al
país, el gobierno nacional ha violado las convenciones colectivas quitando
derechos conquistados en el siglo XX por sindicatos y gremios.
Desde 2004 el gobierno incumple las Normas sobre Homologación de
Sueldos y Beneficios Adicionales de los Miembros del Personal Docente y de
Investigación de las Universidades Nacionales, aprobadas por el Consejo
Nacional de Universidades (CNU) el 25 de julio de 1982 y publicadas en Gaceta
Oficial N° 32.539 del 17 de agosto de ese mismo año.
Es por todo esto que la indignación de los docentes, y de los
trabajadores de la educación en general, crece y se manifiesta en las
calles.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes
(ODH-ULA) registró 31 protestas de trabajadores educativos realizadas durante
el año pasado en los tres estados andinos del país -Mérida, Táchira y
Trujillo-.
En lo que va de enero de 2023, este sector ha desarrollado más de
60 manifestaciones en distintos municipios de la región andina.
Retroceso
Aunado a bajar los sueldos del sector público a niveles nunca
antes vistos, la mala gestión de los gobiernos de Chávez y Maduro también elevó
la inflación a cifras impensables en un país que tuvo los mayores ingresos
petroleros durante la primera década de este siglo.
De hecho, economistas señalan que desde diciembre pasado volvimos
a entrar en hiperinflación, la segunda en apenas cuatro años. En 2022 Venezuela
acumuló la inflación más alta del mundo, ubicándose en 305,7 %.
En consecuencia, el poder adquisitivo de los profesores y
trabajadores universitarios no solo es cada vez peor; es inexistente en la
actualidad para cubrir las necesidades básicas de supervivencia.
Ningún trabajador del sector educativo público en Venezuela puede
vivir con su salario. Solo el costo de la canasta alimentaria se ubicó en 371
dólares en diciembre de 2022, según datos del Observatorio Venezolano de
Finanzas. El máximo sueldo de un profesor universitario cubre apenas el 7% de
ese costo.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD, por sus
siglas en inglés), la inflación en Venezuela ha alcanzado su máximo histórico
en 2018, cuando llegó a 130.060,20 %.
Durante la última década, entre 2012 y 2022, la inflación anual
venezolana no ha bajado de al menos tres cifras.
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Bonos inconstitucionales
La implementación de bonos gubernamentales otorgados a los
venezolanos por distintos motivos es otra forma de politización que desvirtúa
la institucionalidad del Estado y aumenta la dependencia de la ciudadanía hacia
los gobernantes de turno.
La gestión de Nicolás Maduro ha llevado a la miseria también esos
bonos, que desde 2017 se otorgan a través del sistema patria, excluyendo a
quienes no están inscritos en el mismo.
El pasado 15 de enero, Día del Maestro en Venezuela, el régimen
depositó en el monedero patria de docentes de todos los niveles educativos la
paupérrima cifra de 580 bolívares (29,82 dólares al cambio oficial de ese día)
para el personal activo y 405 bolívares (20,82 dólares) para los jubilados.
Además de ser un monto vergonzoso, no todos los docentes lo recibieron.
El artículo 91 de la Constitución nacional establece que “todo
trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita
vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas
materiales, sociales e intelectuales”.
Al no garantizar un salario digno el Estado venezolano también
viola el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de
sindicación, el Convenio sobre la protección del salario y el Convenio sobre el
derecho de sindicación y de negociación colectiva, adoptados por la
Organización Internacional del Trabajo (OIT).
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