COMUNICADO
El presente Comunicado, es una decisión monolítica de la
Universidad de Los Andes (ULA), representada en la unanimidad de su Consejo
Universitario, Gremio de docente (Apula), sindicatos y asociaciones de
empleados y obreros (Siprula, Aeula y Soula), así como en la Federación de
Centros de Estudiantes (FCU), caracteriza este momento de criterio unificado
ante las pretensiones del Ministerio del Poder Popular de la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) de implantar una modalidad de
pagos de sueldos y salario ajena y violatoria de la esencia autonómica
universitaria. Es importante destacar la participación más allá de esta
representantividad que, mediante una encuesta en línea impulsada por el
Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, los ulandinos rechazaron en un 94
por ciento el sistema Patria como vía de pago.
A
continuación el documento que asienta y expresa para este momento histórico el
pensamiento de los universitarios.
A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL, A LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN DEL
SECTOR UIVERSITARIO (OPSU):
El Consejo
Universitario de la Universidad de Los Andes, en uso de sus atribuciones
legales, se dirige a la opinión pública nacional y a la OPSU, para
rechazar categóricamente las pretensiones del Ministerio del Poder Popular para
la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT), a través de la
Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), de modificar el
procedimiento para el pago de sueldos y salarios de los universitarios,
trasladándolo a la denominada “Plataforma Patria”.
La postura de
la Universidad de Los Andes fue decidida de manera unánime por el Consejo
Universitario en sesión extraordinaria del 9 de marzo de 2021, contando
con el respaldo público, expreso, documentado y presencial de la gran mayoría
de los gremios y sindicatos que hacen vida en la institución. Este rechazo
categórico se basa en el señalamiento de una serie de argumentos de tipo legal,
así como en la enunciación de una lista de casos que demuestran que la
intervención del Ejecutivo Nacional, por intermedio del MPPEUCT, cuando ha
asumido el control y administración directa de algunos servicios
universitarios, ha ocasionado su deterioro, su deficiente funcionamiento e
incluso su cierre, aun cuando estos funcionaban satisfactoriamente bajo la
administración universitaria en consonancia con lo principios autonómicos que
así lo estipulan.
La
Constitución Nacional, pacto social supremo que encabeza el orden jerárquico
normativo en el Sistema Jurídico Venezolano, reconoce en su Artículo 109 la
Autonomía Universitaria como principio y jerarquía, asignando a las
universidades la responsabilidad de darse sus normas de gobierno,
funcionamiento y la administración eficiente del patrimonio bajo el control y
vigilancia que a tales efectos establezca la ley.
El ejercicio
del Artículo 109 constitucional se materializa en la Ley de Universidades, que
establece en su Artículo 9 que las universidades disponen de Autonomía
organizativa para dictar sus normas internas; académica para planificar, organizar
y realizar los programas de investigación, docentes y de extensión;
administrativa, para elegir y nombrar sus autoridades y designar su personal
docente, de investigación y administrativo; y Autonomía económica y financiera
para organizar y administrar su patrimonio. En consecuencia, el Consejo
Universitario es el único órgano con la competencia constitucional y
legal necesaria para aprobar una migración hacia una plataforma de pago
distinta. Por lo cual, la pretensión injerencista de la OPSU, en caso de
ejecutarla, sería nula, írrita, por violar flagrantemente tales principios
constitucionales y legales.
Las
pretensiones de realizar los pagos a través de la “plataforma patria”
representan más que un simple cambio de procedimientos. Se trata de una acción
intervencionista que incrementa el control de las universidades por parte del
gobierno nacional, dejando abiertas las puertas a manejos discrecionales bajo
criterios netamente político - partidistas, pues se desconocen los lineamientos
o competencias que se estaría atribuyendo la OPSU y el ministerio con esta
acción.
Si las
universidades autónomas venezolanas acceden a esta decisión se estarían
haciendo cómplices de una nueva violación a la autonomía financiera y
económica constitucional y legalmente reconocida, que puede convertirse
en un mecanismo de grave intromisión que limite la libertad académica y
la libertad de cátedra, por cuanto dejaría a la discrecionalidad y
control del Ejecutivo Nacional el pago de salarios y demás beneficios socio-económicos,
así como otros aportes que con muchas dificultades se han mantenido por las
universidades para procurar su seguridad social. A ello se le suma que el
MPPEUCT ha publicado unos lineamientos en los cuales establece las “carreras
prioritarias” que, en función de un supuesto Sistema Productivo, discriminan de
facto áreas del conocimiento que son esenciales para el desarrollo pleno y
armónico de la ciudadanía y de la nación.
La
experiencia precede las acciones, por lo que quienes hacen vida en el golpeado y
humillado sistema universitario venezolano, no pueden esperar resultados
distintos si se siguen aplicando las mismas acciones; ya se conocen las
consecuencias que acarrea la intromisión del gobierno en la administración de
componentes esenciales de carácter socioeconómico:
- Los
comedores universitarios entraron en una espiral de insuficiencias luego de que
el Ministerio asumiera el envío de los insumos necesarios para el
funcionamiento, arrebatando funciones a las universidades con procedimientos
desorganizados e inconstantes, afectando principalmente a los estudiantes que
dependían del servicio para su alimentación, hasta que se materializó su
eliminación.
- El
transporte estudiantil fue empujado a la paralización al no ser atendido
mediante la asignación presupuestaria de la OPSU, convirtiendo este patrimonio
en chatarra por la imposibilidad de hacer su reposición y mantenimiento.
- Los
programas de salud y planes funerarios fueron centralizados en el SISMEU en
2017, un servicio marcado por su ineficiencia que ha dejado a los
universitarios desprotegidos.
- La
asignación de dotaciones de uniformes para obreros y vigilantes quedó en el
olvido, y las últimas entregas se hicieron de manera desorganizada, excluyendo
parte del personal.
- Las becas
estudiantiles, otrora sinónimo de estímulo y reconocimiento, no sólo se
convirtieron en motivo de burla por sus montos insignificantes, sino que se
dejaron de pagar, para luego aparecer con las mismas imposiciones del portal
patria, sin traer mejoras relevantes para la menguada calidad del bienestar
estudiantil, desconociendo que el régimen de becas que durante muchos años
implementó nuestra institución eran parte de todo un sistema de atención,
beneficio y acompañamiento estudiantil individualizado, que además
del pago del recurso financiero formaba parte de una atención socioeconómica,
psicológica y vocacional integral, orientada a estudiantes con niveles de
ingresos precarios, o que requirieran ayuda en otros aspectos para mejorar su
prosecución y éxito escolar.
- La
aplicación forzosa del Decreto 6649 que impidió, entre otras cosas, el
mantenimiento y la reposición del equipamiento necesario para la actividad
docente, administrativa y técnica de la Universidad. Con esta lista de fracasos
debemos preguntarnos como institución ¿quién garantiza que los miserables
sueldos universitarios serán pagados de manera eficiente? Se presume que serán
las mismas instancias que envían los gastos de funcionamiento tardíos y
devaluados, imposibilitando el funcionamiento de la universidad, afectando la
calidad de vida de los universitarios, la formación de la sociedad y el futuro
de la nación.
Adicionalmente,
la Universidad seguirá siendo el ente que por ley, asumirá la responsabilidad
de contratación de todo su personal y será el receptor de todas las quejas y
reclamaciones que, con todo derecho, deberán ejercer los universitarios ante
las fallas que acuse este sistema por su incumplimiento, sin tener ningún
control, ni responsabilidad, ni posibilidad de corrección por cuanto lo tendrá
el Ejecutivo Nacional directamente.
Frente a estas pretensiones
injerencistas e írritas del Ejecutivo Nacional, por intermedio del MPPEUCT, el
Consejo Universitario ha acordado lo siguiente:
1.- Introducir una demanda legal ante la Corte de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de Justicia, entre otras
razones, porque se estaría obligando a las universidades a violar la
Constitución Nacional.
2.- El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad
de Los Andes dirigirá sendas comunicaciones a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y al Comité de Derechos Humanos de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU), pues existe una violación a la autonomía
universitaria, del derecho al trabajo, derecho a la educación y derecho a tener
un sistema de seguridad social que responda a las necesidades de los
ciudadanos.
3.- Los gremios y sindicatos, unidos en el rechazo a esta
medida, han acordado hacer denuncia por ante la Organización Interamericana del
Trabajo (OIT), pues el cambio de sistema de pago, hacia un sistema
evidentemente político-partidista, se constituye en un proceso de despido
indirecto y discriminatorio, debido a que instrumentalizan la plataforma del
Sistema Patria como mecanismo obligatorio de pertenencia al mismo, por cuanto
que las personas que no están registradas en él quedarían excluidas del
sistema de pagos, tal como ha ocurrido con el proceso de entrega de bonos
creados por el gobierno.
Desde la Universidad de Los Andes
exhortamos a todos los universitarios venezolanos a hacer suya la Autonomía
Universitaria, la cual no solamente es un derecho y un deber constitucional
para las casas de estudio, sino una filosofía de vida para quienes hacen vida
en ellas.
El rescate y supervivencia de las
universidades autónomas no debe ser visto como un asunto de los universitarios,
pues de ello depende la formación de los hombres y mujeres que construirán una
mejor sociedad para todos los venezolanos.
Mérida, 13 de marzo de 2021
Mario Bonucci Rossini
Rector
José Andérez Álvarez
Secretario
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