*** Rectores de la UCV, ULA, UDO, UNEXPO, UPEL, UNIMET, UNET, UCAB y UCLA, instituciones pertenecientes a la AVERU salvaron su voto al no haber sido consideradas sus observaciones sobre la redacción de ciertos artículos
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El Ministro
Trómpiz calificó como “chantaje” la solicitud de AVERU sobre modificar algunos
artículos para votar favorablemente al proyecto (Foto: Cortesía)
Prensa ULA / Nelson Espinoza (CNP 18728) El Consejo Nacional de
Universidades (CNU) aprobó el pasado 17 de agosto la Normativa de Educación
Multimodal únicamente con el respaldo de las universidades de tendencia
oficialista. Los rectores
de la UCV, ULA, UDO, UNEXPO, UPEL, UNIMET, UNET, UCAB y UCLA, todas
pertenecientes a la AVERU (Asociación Venezolana de Rectores Universitarios) salvaron
su voto al no haber sido consideradas sus observaciones sobre la redacción de
ciertos artículos.
Todos coincidieron al señalar el arduo trabajo de la comisión,
calificando como fructífera la discusión generada en torno a las nuevas
tendencias educativas, la cual permitió alcanzar el consenso en un 70 por
ciento del articulado.
En su intervención el Rector de la Universidad
Metropolitana, Benjamín Sharifker, afirmó “no le tenemos
que tener miedo a la multimodalidad y por eso los artículos de disenso tienen
que ser resueltos”, resaltando la necesidad de convertir la normativa en una
herramienta útil para todas las universidades venezolanas.
Rita Añez, Rectora de la
Universidad Nacional Experimental Politécnica "Antonio José De Sucre"
(UNEXPO), señaló que la propuesta de AVERU
buscaba que la normativa constituya orientaciones o lineamientos para generar
el conocimiento, la aproximación a un espacio, una modalidad educativa, en
donde el Estado pueda supervisar y acompañar a las universidades para esta
nueva realidad.
Las observaciones de la AVERU a la ya aprobada normativa se
centran en 3 aspectos fundamentales:
1.- Inconstitucionalidad: el Artículo 1 de la normativa establece como objeto del
instrumento “normar la organización, estructura y gestión de los Sistemas
Multimodales de Educación Universitaria”, lo cual viola el Artículo 109 de la
Constitución Nacional, el cual establece que “Se consagra la autonomía
universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas
de investigación, docencia y extensión”.
2.- La corresponsabilidad: la normativa establece una serie de responsabilidades y
objetivos a ser cumplidos por las instituciones universitarias, pero no se
plantea de manera explícita el compromiso del Ministerio de Educación
Universitaria para aportar en el cumplimiento de dichos objetivos. Esto afecta
particularmente a las universidades de gestión pública, las cuales dependen
económicamente del Estado venezolano para la consolidación de una plataforma
tecnológica acorde con las necesidades del caso.
3.- El tema económico: la normativa establece en el su Artículo 33 que el costo de
los cursos en esta modalidad deberá ser aprobado por el CNU, mientras que el 35
señala que las universidades deberán pagar un 10% de sus ingresos por este
concepto a la Secretaría Permanente del ministerio.
Para los rectores de AVERU estos artículos desconocen el Artículo
27 de Ley de Universidades que establece que las universidades establecen los
costos, mientras que el cobro de un porcentaje golpea aún más a las
universidades, “los ingresos propios han sido la tabla de salvación para las
universidades frente a la no entrega del presupuesto ordinario”, dijo la
Rectora Rita Añez.
Parte de las intervenciones
Mario Bonucci, Rector de la Universidad de Los Andes, señaló que desde el 13 de marzo no se incorporaron cambios
sustanciales a los artículos de disenso y recordó que según el Artículo 18 de
la Ley de Universidades al CNU le corresponde solamente armonizar el
funcionamiento de las universidades, no generar normas como lo está haciendo,
recordando además que para la fecha las universidades solamente han recibido lo
correspondiente a la primera quincena de gastos de funcionamiento de acciones
centralizadas para 2021.
“El Ministerio debería estar ocupado del sueldo de los universitarios, que son de miseria, y que toda esta situación está produciendo una deserción que no ha mermado, porque los estudiantes y la sociedad tienen hambre y tienen que buscar cómo sobrevivir”, expresó Mario Bonucci.
José Virtuoso, Universidad Católica Andrés Bello, dijo que la normativa debería ayudar al establecimiento de
lineamientos que permitan dar seguimiento, crear mecanismos operativos,
acompañamiento de parte del CNU y la evaluación experiencias en un contexto
cambiante, resaltando que cuando se argumenta la violación de la Autonomía no
se pretende desplazar al Estado en el proceso de educación universitaria “el
espíritu de fondo es que las universidades no pueden quedar simplemente como un
objeto a ser regulado, pues también son objetos creadores del proceso educativo
y formativo”, dijo, proponiendo una extensión del debate en torno a la
normativa, pues a su juicio no se había agotado el tema antes de aprobar el
instrumento.
Amalio Belmonte, Secretario de
la Universidad Central de Venezuela, se
refirió a la polarización de la sociedad, afirmando que en ese contexto las
partes se atribuyen mutuamente las culpas y se apropian de las virtudes,
forzando excusas para “hacer justicia”, siendo en este caso el exceso de
atribuciones que se le está atribuyendo al Estado Venezolano en materia
universitaria. Posterior a ese análisis advirtió que a través del CNU se quiere
sobredimensionar la intervención del gobierno en las universidades, rechazando
las acusaciones hacia la AVERU “no es cierto que aquí hay una disputa en donde
todo lo que trae el gobierno es malo, ni queremos la ausencia del Estado”,
dijo.
Rubén Reinoso, Rector de la
Universidad Nacional Experimental de la Gran Caracas (UNEXCA), centró su intervención en defender el carácter
constitucional de la normativa, rechazando las afirmaciones de que la misma
viola la autonomía universitaria. A juicio de Reinoso no puede usarse la
autonomía para impedir que el Estado cumpla con sus fines pues no tiene el
mismo peso la autonomía universitaria que la defensa del Estado, aun cuando la
misma se establece en la Constitución Nacional.
El ministro César Trómpiz expresó que los cuestionados artículos 33 y 35 fueron
modificados, y que el Ministerio se encargará solamente de autorizar los
costos, todo ello en la búsqueda de un “equilibrio de mercado”, agregando que
esta normativa es la primera de varias que trabajarán el CNU durante los
próximos meses.
Por otro lado, Trómpiz calificó como “chantaje” el
condicionamiento del apoyo a la normativa por parte de los rectores de AVERU, a
la modificación de los artículos de disenso “no puedo aceptar chantajes y menos
de unas autoridades que siempre chantajean al gobierno”, dijo, recordando que
entre las atribuciones del CNU se encuentra destituir rectores, nombrar
autoridades interinas y decidir sobre la destitución de miembros de los
Consejos Universitarios.
Frente a estas afirmaciones del ministro el rector Raúl López Sayago (UPEL) respondió “yo no creo que sea un chantaje no estar de acuerdo en un debate universitario. Desde que entramos a la universidad comienzan el debate y las discusiones, siempre tratando de observar en qué coincidimos, y no podemos pensar que alguien nos está chantajeando porque piensa distinto, los universitarios no somos así”.
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