REMITIDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LOS ANDES
El Consejo
Universitario de la Universidad de Los Andes (ULA) fija postura frente a las
nuevas tablas salariales del sector universitario, las cuales evidencian la
poca valoración que el Ejecutivo Nacional da a las universidades y a la
educación como factor de desarrollo y progreso material y espiritual, la
generación del conocimiento y la construcción de ciudadanía, confirmando una
política no escrita de destrucción por diseño de las universidades nacionales,
en este caso al desestimular la búsqueda de la excelencia de los universitario.
Aun cuando
las tablas muestran un incremento, estas no se corresponden con la actual
situación socioeconómica del país ni con la importancia de las universidades, y
ni siquiera respetan la llamada Convención Colectiva Única, que vale decir, es
un instrumento impuesto por el oficialismo, firmado con sindicatos sin
representación, que en cada una de sus versiones ha desmejorado las condiciones
socioeconómicas de los universitarios.
De hecho, las
tablas evidencian un trato discriminatorio en lo referido a los porcentajes de
beneficios como prima de profesionalización, prima de antigüedad, prima por
hijo, entre otros, los cuales fueron rebajados hasta en un 50% en relación con
el resto de la administración pública.
El anuncio de
aumento de salario mínimo del pasado 4 de marzo y la imposición de las nuevas
tablas salariales para el sector universitario ratifican y profundizan la
política de miseria en el país y representan una flagrante
violación a los principios laborales de progresividad e intangibilidad, establecidos
en los acuerdos internacionales, en nuestra Constitución y en la Ley del
Trabajo.
En este
contexto, vale recordar el Artículo 91 de la Constitución Nacional, el cual
establece que "Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario
suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las
necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales".
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas la canasta básica en
Venezuela se ubicó en 365 dólares americanos para enero de 2022, mientras que
el aumento anunciado a "medio Petro" representa 30 dólares mensuales,
arrojando un déficit de 335 dólares y violando de manera flagrante el
precitado artículo constitucional.
Como
agravante, la Gaceta Oficial 6691, en donde se oficializa el nuevo aumento del
salario mínimo, no menciona el Petro o cualquier otra divisa como referencia,
estableciendo el aumento en 130 Bolívares, lo cual condena al ya insuficiente
salario a ser devorado por la inflación, todo mientras que muchos precios se
encuentran anclados al dólar o el Petro incluso en instituciones públicas.
Finalmente,
aunque resulte evidente y se trate de una acción sostenida durante varios años
en contra de las casas de estudio, advertimos que la imposición de las nuevas
tablas salariales traerá consecuencias negativas de gran impacto para la
educación venezolana y el futuro de la nación, pues empuja a los universitarios
a abandonar las instituciones en la búsqueda de otros medios de subsistencia y
desestimula el esfuerzo y la excelencia, negando a las nuevas generaciones el
derecho a una educación de calidad, contemplado en los Artículos 102 y 103 de
la Constitución Nacional.
En Mérida, a los 24 días del mes de marzo de 2022.
Mario Bonucci Rossini.
Rector.
Manuel Joaquín Morocoima.
Secretario.
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