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| Unos 80.000 habitantes de Pampán y Pampanito reciben agua potable del Jardín Botánico del NURR (Foto: Carlos Cegarra) |
*Profesor Geovanny Castellanos,
Decano Vicerrector (E) del NURR-ULA*
El caso de la parte alta de las
comunidades Media Loma y El Censo de la parroquia Puerta, municipio Valera
del estado Trujillo, donde el INTI les dio garantía de permanencia a dos grupos
familiares sin tener posesión en terrenos de la zona de amortiguación del
Parque Nacional Sierra de la Culata, incluyendo parte de dicha área protegida,
por cierto asiento de frailejón y aliso, especies endémicas y
nacientes de agua, con amplio valor ambiental y de patrimonio cultural
incalculable, tiene mucha relación con el modus operandi que está ocurriendo en
los terrenos del NURR, ubicados entre las jurisdicciones de Pampanito y Pampán,
los cuales sirven de sede regional a la "Villa Universitaria Rafael
Rangel", de la ULA, y donde se encuentran los acuíferos comprendiendo el
sistema de bombeo para surtir de agua a más de 80.000 habitantes, residentes
desde La Peñita de Pampanito hasta Flor de Patria.
Estos terrenos
están ambientalmente protegidos y actualmente son invadidos por un grupo
de personas que muchos de ellos son representados y defendidos por el abogado
Arcadio Hernández Fernández y donde incluso algunos tienen instrumentos de
protección otorgados por el INTI en situación irregular, hecho que también
ocurre en la parte alta de la Media Loma y El Censo.
Lo
anterior representa una incongruencia porque en ambos casos existe
razones suficientes para solicitar una averiguación precisa que determine responsabilidades
penales y administrativas por cuanto es un hecho notorio la protección que se
le debe dar a esos terrenos.
En lo
anterior existen pruebas escritas de tales actuaciones por lo que hago un
llamado a las autoridades Nacionales del INTI para que intervengan el INTI
Trujillo y cambien sus autoridades, así mismo a la Fiscalía Penal Ambiental
para que abra una averiguación y determine la responsabilidad penal por los
hechos señalados, no solamente a los autores del delito ambiental que se está cometiendo;
sino también, a los funcionarios que han intervenido en el proceso de
adjudicación y otorgamiento de esos instrumentos, los cuales urgentemente deben
ser revocados, ya que así lo establece la Ley Penal del Ambiente y la Ley de
Tierra y Desarrollo Agrario, así mismo decisiones del Tribunal Supremo de
Justicia.
También
se hace un llamado a todos los ambientalistas para que visiten esos terrenos,
los cuales están siendo destruidos ambientalmente y necesitan de la protección
de todos a los que nos compete protegerle, tal y como lo manda los Artículos
127 al 129 de la Carta Magna.
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